Alegoría de una mano invisible

"La realidad ha mostrado que la mano invisible del mercado necesita la mano bien visible de un Estado que actúe como garante y salvaguarda de la estabilidad económica y también de la justicia social". - María Teresa Fernández, política española.

La mano invisible es una expresión utilizada recurrentemente en múltiples obras del proclamado padre de la economía moderna: Adam Smith. El escocés desarrolló este concepto con mayor detalle en su magnum opus: "Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones", o más simple: La riqueza de las naciones.  En esta intrincada obra del siglo XVIII, el economista se dedica a explicar como la división del trabajo -distribución de la labor productiva- es el germen de la riqueza de una nación. La especialización es un derivado de la división del trabajo, y consiste en que cada individuo se dedica a hacer una tarea específica hasta que alcanzar la mayor eficiencia posible.  

Pragmáticamente, la doctrina de la mano invisible o laissez-faire (que el Estado "deje al comercio ser o hacer" sin restricciones) es inviable. La mano invisible del mercado no ha logrado vencer al ostensible puño de la pobreza, en primer lugar, porque es inviable su existencia en la práctica -nunca ha existido y nunca va a existir-, y en segundo, porque su objetivo no es lograrlo.   

En toda la historia no se ha logrado encontrar una sola sociedad que haya aplicado a cabalidad los principios de lo que implicaría un libre mercado en su forma pura, pues siempre ha existido un grado de intervención económica de un ente -que en términos modernos se le podría considerar el Estado-, que impuesto lineamientos sobre como se debe regir la economía de un determinado territorio. Es decir, el mercado nunca ha existido sin una vinculación a una autoridad superior que lo somete o lo encausa. Algunos escolares como David Friedman -hijo del afamado, o infame, economista Milton Friedman- introdujo el ejemplo de la Islandia Medieval como una sociedad anarcocapitalista. Sin embargo, su propuesta no ha sido validada por ningún otro historiador, e incluso ha sido refutada por otros homólogos, como Vincent Geloso y Peter Larsson.   

Si la falta de ejemplos concretos sobre la supuesta funcionalidad del capitalismo laissez-faire no fuera suficiente para descartarlo como un modelo viable -y serio- para regir la sociedad, su fin teleológico -o falta del mismo-  lo es. El mercado no tiene como fin primordial satisfacer necesidades o fomentar el bienestar, sino que tiene un sólo fin tácito: generar lucro. Tácito, porque no se podría afirmar categóricamente que ese es el fin del marcado, pero para efectos prácticos, ese parece ser el más cercano. De esa cuenta, si el mercado por alguna razón eleva el estándar de vida de la población, elimina la pobreza, o satisface las necesidades básicas, lo hace de manera accesoria, y no porque ese es su objetivo. Por lo tanto, el siempre regulado mercado -porque el mercado libre es una ficción- si resuelve algún problema social -o individual- en su incansable ánimo de producir lucro, lo hace "por suerte", y en algunos casos, inclusive autoinflingiéndose duros golpes a sí mismo. 

 La intervención estatal -por tal motivo- se vuelve no solo deseable, sino indispensable para corregir las fallas inherentes del mercado y garantizar una distribución más justa de la riqueza y los recursos, y garantizar que las condiciones del planeta sean las adecuadas para sostener la "civilización" como la conocemos. Un claro ejemplo de la necesidad de la intervención estatal lo encontramos en la Gran Depresión de 1929, especialmente en los Estados Unidos. Este período de crisis económica mundial demostró las limitaciones y fallos del laissez-faire, al punto que se necesitó la intervención del Estado para rescatar las economías devastadas. Políticas como el New Deal de Franklin D. Roosevelt introdujeron una serie de reformas económicas y sociales que buscaban mitigar los efectos de la gran depresión -en algunos casos con mucho éxito-,  como crear empleo y estimular el crecimiento económico. Estas políticas incluyeron la creación de agencias gubernamentales que regulaban la banca, el mercado de valores y las relaciones laborales, demostrando que un Estado activo puede estabilizar la economía y proteger a los ciudadanos de las peores consecuencias de una crisis económica. Las décadas siguientes, de la mano de una política económica Keynesiana, vieron convertirse a los Estados Unidos en una potencia económica sin comparación, aunado a que sus principales potencias rivales -como la Unión Soviética, Alemania, Japón e Inglaterra- fueron devastadas por la segunda guerra mundial.

Es importante hacer notar que intervención estatal también se manifiesta en la provisión de servicios públicos esenciales como la salud, la educación y la infraestructura -que únicamente serán suplidos por el mercado si existe un incentivo económico para hacerlo-. Países con sistemas de salud universal, como los escandinavos, han demostrado que un enfoque basado en el bienestar social y la equidad puede llevar a mejores resultados en términos de salud pública y calidad de vida para toda la población -y no sólo para quienes pueden pagarlo-. En contraste, los sistemas de salud predominantemente privados, exhiben mayores desigualdades y resultados menos satisfactorios en comparación con los sistemas universales. La educación pública es otro ámbito donde la intervención estatal ha mostrado ser crucial para promover la igualdad de oportunidades, y se hace oportuno mencionar casos como los de Finlandia, Singapur, Corea del Sur y China -Taiwan y Continental-, en dónde la educación es predominantemente pública, y siempre puntean en los rankings de PISA. Sistemas educativos robustos y accesibles permiten que individuos de todas las clases sociales -independientemente de si son útiles para el mercado- puedan acceder a la educación y, en consecuencia, mejorar sus condiciones de vida. Esto no solo beneficia a los individuos, sino que también contribuye al desarrollo económico y social de la nación en su conjunto, y hace que los seres humanos no seamos apreciados por el sistema como simples consumidores, sino como ciudadanos. 

Aunado a lo anterior, la explotación desenfrenada de recursos naturales y la contaminación son externalidades  negativas -que poco importan a la mano invisible por no reflejarse en los costes finales- que sin una regulación adecuada y ejecutada por un ente superior, pueden llevar a la degradación ambiental y a la pérdida de biodiversidad, lo cual en algún momento podría incidir en que nuestra "civilización" encuentre tropiezos para seguir "prosperando". Políticas internacionales como el Acuerdo de París buscan mitigar el cambio climático mediante compromisos internacionales que regulen las emisiones de gases de efecto invernadero, algo que no se lograría bajo un esquema de laissez-faire -pues una mano muy visible conduce las fueras del mercado-. La protección del medio ambiente requiere una coordinación y regulación a nivel global, y los gobiernos juegan un papel central en la implementación de políticas que promuevan la sostenibilidad y la conservación de los recursos naturales para las generaciones futuras.

Una significativa cantidad de casos históricos y contemporáneos muestran de manera clara que, sin la intervención del Estado, el laissez-faire eventualmente llegará a un momento en el que demostrará ostensiblemente su necesidad de ser intervenido, pues la tendencia a exacerbar las desigualdades y a generar crisis cíclicas que afectan principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad estará siempre presente.  Al actuar como un contrapeso a las fuerzas del mercado, la mano visible -no invisible- puede promover una distribución más equitativa de los recursos y garantizar que los beneficios del desarrollo económico y los avances tecnológicos se distribuyan de manera más amplia y justa -siendo también el concepto de justicia bastante subjetivo-. 

En este contexto, es crucial entender el papel del materialismo histórico en la justificación de la intervención estatal. Según el materialismo histórico, propuesto por Karl Marx -discutiblemente el economista más influyente de la historia- y Friedrich Engels, las estructuras económicas y las relaciones de producción son la base sobre la cual se erige la superestructura social, política e ideológica. Por ejemplo, el esclavismo, feudalismo, o el Estado moderno, como estructuras de organización social, encuentran su fundamento casi exclusivamente en la forma en que las fuerzas tecnológicas-económicas hacen que el ser humano produzca los recursos para su sostenibilidad -en el esclavismo, el que tiene más esclavos, en el industrialismo, el que tiene más máquinas y fábricas, y en la era digital, el que tiene más información-.  Por lo tanto, la historia de la humanidad es una historia de lucha de clases, donde los cambios en la base económica producen transformaciones en la superestructura -quien ostenta el poder económico instaura un sistema socio-político acorde a su modalidad productiva-. En este sentido, la intervención estatal se presenta como un mecanismo indispensable para alterar las relaciones de producción que perpetúan la desigualdad y la explotación. Siempre partiendo de la premisa que el Estado es un ente que vela por los intereses de la población en general, y no sólo de las élites -lo cual no siempre es el caso-. Por ende, la regulación económica y social del Estado -si éste es de todos y para todos- puede ser vista como una herramienta para facilitar la transición hacia un sistema más equitativo, donde las relaciones de producción se orienten al bienestar colectivo y no únicamente al beneficio privado.

En concatenación con lo anterior, la intervención del Estado también es crucial en la protección de los derechos laborales y la promoción de condiciones de trabajo dignas -que en última instancia denotan la calidad de vida y el índice de desarrollo de la población en general-. La historia del movimiento sindical y la lucha por los derechos laborales es un testimonio de cómo la regulación y la intervención estatal pueden mejorar significativamente las condiciones de vida de los trabajadores. En estos casos el puño visible de la regulación laboral impidió que la mano invisible que amparaba a los dueños de los medios de producción, pudieran disponer a su antojo de vida de sus trabajadores -jornadas de 16 horas, sin fines de semana ni vacaciones, y sin salario mínimo-. La promulgación de leyes laborales que protegen el derecho a la sindicalización, establecen salarios mínimos y regulan las condiciones de trabajo son ejemplos de cómo el puño visible del Estado puede intervenir para corregir las injusticias y promover una mayor equidad en el mercado laboral.

En conclusión, la anterior elaboración -aunque lo parezca- no es una apología absoluta del Estado, sino que busca ilustrar que éste será necesario mientras el mercado -según los presupuestos del materialismo histórico- sea el rector fundamental de la estructura sociopolítica de las sociedades modernas. Es totalmente deseable que en algún momento las capacidades tecnológicas de la humanidad nos permitan alcanzar una especie de economía post-escasez, que hagan obsoleto tanto al puño visible del Estado como a la mano invisible de los mercados. Pero mientras nuestras capacidades únicamente nos permitan administrar escasez, a la alegórica mano invisible hay que ponerle grilletes cuando sus excesos impidan la prosperidad de la sociedad.